La violencia como factor que vulnera el derecho a la educación

  • Martes 12 de Septiembre de 2017 | 11:22am

Redacción: Alvaro Carbajal, periodista de la Unidad de Comunicaciones

El año 2015 es considerado el más violento de los últimos cinco años y la mayor cantidad de crímenes están vinculados a estructuras de pandillas; además, marzo de ese mismo año se ubicó como el mes más violento de la última década, de acuerdo a estadísticas de la Policía Nacional Civil (PNC).

                En el año 2014, 13,402 estudiantes desertaron de las escuelas por el fenómeno de la violencia y en el 2015 la cifra aumentó a 15,315 en El Salvador de acuerdo a estadísticas presentadas por los Licenciandos Oscar René Castillo y Luis Eduardo González en su trabajo de Tesis para para optar al grado de Máster en Derechos Humanos y Educación para la Paz.

Luis González, en la defensa de su Tesis, sostuvo que la violencia social que actualmente enfrenta la sociedad salvadoreña constituye un factor que amenaza, y en ocasiones, vulnera el derecho a la educación de miles de niñas, niños y adolescentes, quienes a diario deben transitar por zonas asediadas por agrupaciones delictivas en su proceso de formación.

Agregó que las instituciones educativas también constituyen entornos sociales que reproducen la violencia en las diferentes interacciones que tienen lugar entre estudiantes, docentes y demás personas que forman parte de la comunidad educativa, así como actores externos.

González presentó una tabla comparativa de homicidios entre los años 2014, 2015 y 2016 de homicidios contra niños, niñas y adolescentes menores de 17 años que se registraron en ese periodo, en el 2014 fue un total de 431 homicidios, 392 hombres y 38 mujeres; en el 2015 hubo 730 homicidios 659 h y 71 m; y en el 2016, se cometieron 665 homicidios 594 h y 71 m.; la lámina también presenta que el mayor número de víctimas son hombres.

Para la realización de su tesis denominada: “El derecho a la educación en contextos de violencia social en dos de las instituciones educativas públicas del municipio de San Salvador que en el año 2015 registraron mayor número de retiro de estudiantes a causa de la violencia”, se tomaron como muestra el Complejo Educativo «Capitán General Gerardo Barrios» y el Centro Escolar «Gustavo Marroquín».

Gonzáles y Castillo concluyeron que la violencia social amenaza y vulnera el derecho a la educación de adolescentes estudiantes de las dos instituciones educativas públicas en las cuales se desarrolló la presente investigación. Plantean que la violencia se manifiesta en diferentes interacciones que tienen lugar en el contexto escolar.

El estudio concluye que se trata de violencia que amenaza o vulnera la integridad personal de las y los estudiantes, principalmente en lo que concierne a su salud mental y que no excluye un posible atentado contra su integridad física, eso genera deserción del centro educativo como una opción para proteger su integridad, aunque ello sea en perjuicio de su derecho a la educación.

Otra de las conclusiones del estudio sugiere que los centros escolares deben estar preparados para enfrentarse eficiente y efectivamente a la violencia que asecha a la comunidad educativa; para ello, es necesario contar con alternativas prácticas que permitan a las autoridades de dichas instituciones atender los casos de violencia que tengan lugar, ya sea dentro de sus instalaciones o en los alrededores de éstas; pero que en suma, son potenciales elementos que amenazan o vulneran el derecho a la educación de las y los estudiantes.    

Los candidatos a Máster en Derechos Humanos realizaron recomendaciones a las instituciones del Estado, al Mined, a los centros educativos a la Familia y a la Universidad de El Salvador con base a las conclusiones, estas son: Las autoridades de seguridad pública deben priorizar la importancia de garantizar la integridad personal de las personas miembros de la comunidad educativa.

También, que es necesario que el MINED potencie las modalidades flexibles de educación para las niñas, niños y adolescentes que por motivo de la violencia se ven en la necesidad de desertar de su centro escolar que garantice su derecho a la educación; otra recomendación es Las instituciones gubernamentales encargadas de la protección integral de la niñez y la adolescencia deben implementar sus planes, programas y proyectos encaminados a la garantía de los derechos de dicha población.

A los Centros educativos recomiendan que identifiquen y establezcan coordinaciones pertinentes con los cuerpos de seguridad, con instituciones de salud para poder brindar apoyo a través de sus servicios ante un posible hecho de violencia contra la comunidad educativa; ya sea dentro de la institución, como fuera de ésta.

A la familia recomiendan fomentar nuevas prácticas de crianza que prioricen la disciplina positiva; así, como las relaciones nutricias al interior de la familia, a través de comunicación asertiva, las expresiones de afecto, la práctica de valores humanos y el cumplimiento de un sistema de reglas familiares que fomente la disciplina autoritativa.

A la Universidad de El Salvador que fomente el desarrollo de investigaciones y servicios sociales relacionados a problemáticas que afectan principalmente a las personas que forman parte de las mayorías populares, víctimas de la marginación y la injusticia.

El jurado calificador de la tesis de Oscar Castillo y Luis González estuvo integrado por: la Maestra Guillermina Varela de Polanco, el Maestro Oscar Wuilman Herrara Ramos y el Dr. Salvador Menéndez Leal. La defensa de Tesis tuvo lugar en las aulas de posgrado del Edificio Alejandro Dagoberto Marroquín el 11 de septiembre del corriente año.